En un fallo sin precedentes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado una serie de medidas para controlar la sobrepoblación de hipopótamos en la Cuenca Media del Río Magdalena, una situación que ha puesto en riesgo tanto el ecosistema como la seguridad de las comunidades locales.
Esta decisión, emitida el pasado 29 de agosto, responde a la acción popular interpuesta en 2020, en la que participaron destacados expertos, entre ellos Luis Domingo Gómez Maldonado, docente de Derecho Ambiental y Ecológico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.
El docente, quien hizo parte activa de esta solicitud, explicó que el crecimiento descontrolado de la población de hipopótamos, que ya alcanza los 169 individuos distribuidos en un área de 4.000 km², está ejerciendo una presión considerable sobre especies nativas como el bagre rayado y las nutrias. "Los hipopótamos están desplazando a las especies nativas, lo que representa un peligro tanto para la biodiversidad como para la seguridad de las personas en la región", señaló Gómez Maldonado.
El fallo del Tribunal ordena al Sistema Nacional Ambiental, bajo la dirección del Ministerio de Ambiente, implementar medidas de control que incluyen la reubicación de hipopótamos a zoológicos y parques biológicos, la caza controlada, la esterilización quirúrgica e incluso, en casos extremos, la eutanasia. Todas estas acciones deberán ejecutarse respetando los principios de bienestar animal, en cumplimiento de la Ley 1774 que reconoce a los animales como seres sensibles.
"Este fallo es un gran avance porque logra conciliar la justicia humana, ambiental y animal, obligando a que las medidas de control respeten tanto el equilibrio ecológico como los derechos de los animales", agregó Gómez Maldonado.
La Universidad Cooperativa de Colombia reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, siendo parte de debates jurídicos que impactan directamente la biodiversidad y el bienestar social del país. Ahora, el caso se encuentra en manos del Consejo de Estado, que deberá resolver las impugnaciones presentadas por varias entidades.
En definitiva, este fallo histórico abre una nueva etapa en la regulación de especies invasoras en Colombia, y marca un precedente en la forma en que se equilibran los intereses ambientales, humanos y animales.
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