- Con la consigna Defender es vivir, el premio honra la valentía de quienes defienden la vida en Colombia.
- Las organizaciones otorgantes del premio dan a conocer los nombres de e los y las 13 finalistas en las diferentes categorías: de Defensor/a del año, Experiencia o proceso colectivo del año y Reconocimiento a toda una vida.
El próximo 30 de septiembre se entregará en Bogotá el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, un reconocimiento que exalta la labor de líderes sociales, colectivos y organizaciones que, desde los distintos territorios del país, son actores fundamentales en la construcción de paz. La ceremonia se realizará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con la presencia de los delegados de organizaciones, representantes diplomáticos y de la comunidad internacional.
Con el mensaje “Defender es vivir”, el premio, que este año llega a su decimocuarta edición, y es una iniciativa de Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el respaldo de la Embajada de Suecia, destaca por medio de ceremonia pública, el aporte fundamental de los defensores y defensoras en la construcción de democracia, justicia y paz, especialmente en contextos marcados por la exclusión, el conflicto armado y la vulnerabilidad territorial.
Diana María Montealegre, directora nacional de Diakonia Colombia, subraya que “la labor de defensa de los derechos humanos ha sido históricamente invisibilizada y continúa siendo amenazada, aunque es un valor fundamental para la democracia. Este premio es un reconocimiento integral, no solo para quienes protegen la dignidad y la vida humana desde la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, sino también para quienes defienden la participación política como tejido social, y para todos aquellos que luchan por la permanencia en los territorios, el cuidado de la naturaleza, el agua y en general todos los recursos naturales”.
Sobre las personas y procesos colectivos que fueron nominados este año, la directora de Diakonia asegura: “ese es el reconocimiento más importante y el punto de partida para nosotros pues, por lo general, en la mayoría de los casos los que postulan a los participantes son las organizaciones aliadas, los colectivos acompañantes o las mismas comunidades desde los territorios, y eso convierte este mecanismo en un acto profundamente legítimo y emotivo”.
Eva Ekelund, Directora Regional para América Latina y el Caribe Act Iglesia Sueca, asegura: “para nuestra organización es muy importante otorgar este premio junto con Diakonia y con la Embajada de Suecia porque como iglesia reconocemos el valor de quienes con valentía y convicción defienden los derechos humanos. Su labor es esencial para construir una sociedad más justa donde la dignidad de cada persona sea respetada y protegida.”
Luego de este proceso de convocatoria pública nacional que se llevó a cabo desde el inicio del 2025, el jurado dio a conocer los 13 finalistas del premio que son los siguientes, en sus respectivas categorías:
Categoría Defensor o Defensora del Año: es otorgado a una persona que por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo de la defensa de derechos humanos.
- 1. Jacqueline Castillo Peña: ella es uno de los principales rostros de la lucha contra la impunidad en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional colombiano en donde personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas para posteriormente presentarlas como guerrilleros muertos en combate. Su hermano Jaime fue una de las de víctimas de esa macabra práctica que llevaron a despertar su liderazgo y a conformar la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO).
- 2. María Victoria Palacios Romaña: es una lideresa trans de Quibdó, Chocó que promueve los derechos de las personas LGBTIQ+ a través de su fundación Latidos Chocó. Su labor se centra en la búsqueda de garantía para el acceso a la justicia, la salud, la educación, así como espacios laborales dignos, con atención diferencial a mujeres trans afro. A pesar de enfrentar amenazas, hostigamientos y ataques armados, su liderazgo ha sido clave para reducir los estigmas hacia las personas diversas en la región. Por su trabajo, ha recibido el Premio Tulipán de Derechos Humanos (2023) y el reconocimiento Héctor Abad Gómez (2024).
- 3. Maydany Salcedo: es una mujer campesina y defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. Por más de dos décadas se ha encaminado a la defensa de la vida, la tierra y la naturaleza. En su ejercicio de liderazgo, se ha enfrentado al avance descontrolado de la frontera agrícola, a la expansión de los cultivos de uso ilícito, a la contaminación generada por la industria petrolera, y a la deforestación. Su trabajo como defensora y líder social lo realiza desde ASINTRACAMPIC, organización que ha desafiado los intereses arraigados en el territorio fronterizo de Piamonte, Cauca.
Categoría Experiencia o proceso colectivo del año: en esta categoría se entregan dos premios, uno a procesos sociales de base y comunitarios y otro a organizaciones no gubernamentales (ONGs).
Nivel proceso social comunitario
- 1. Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT): Trabaja por la aplicación de una verdadera reforma agraria integral y democrática que resuelva las necesidades de acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica, obras de beneficio social e impulso a la empresa campesina. Su lucha es por el respeto a la vida de los habitantes de los municipios que conforman la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander. Sus integrantes defienden derechos de los campesinos, en medio de las disputas y el control territorial que imponen actores armados ilegales.
- 2. Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA): A pesar de estar ubicada en una de las regiones más convulsionadas por el conflicto armado, esta organización se encarga de fortalecer espacios comunitarios con el fin de dinamizar los temas de derechos humanos y monitorear la situación en el territorio. Como Asociación, trabaja por la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos, lo que ha conllevado a que sus integrantes sufran amenazas, señalamientos y judicializaciones.
- 3. Mesa Ambiental de Jericó: Está integrada por familias campesinas, en especial de la zona de exploración minera ubicada en el corregimiento Palocabildo. Su centro de acción es la educación y la movilización ciudadana en la defensa territorial frente proyectos mineros que puedan generar la pérdida de identidad cultural y patrimonial. Por sus manifestaciones y plantones, la empresa minera denunció penalmente a 11 de sus integrantes y la Fiscalía General de la Nación los llevó a juicio, el cual está a la espera de resolución. El caso de los 11 de Jericó ha suscitado solidaridad y ha cobrado relevancia a nivel nacional e internacional por la resistencia de una población campesina frente a megaproyectos extractivos.
Nivel ONG, colectivo u ONG acompañantes.
- 1. Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersona Colectivo Cimarronaje Chocó. Combinando estrategias de prevención, formación y trabajo comunitario, el Colectivo Cimarronaje acompaña a víctimas de minas antipersonal en 14 municipios del departamento chocoano, fortaleciendo procesos locales de liderazgo y dinamización con personas, en su mayoría con discapacidad. Su labor enfrenta riesgos constantes como desplazamiento, reclutamiento y extorsiones, por lo que cuentan con medidas de protección. Gracias a su enfoque territorial y alianzas institucionales, han sido reconocidos con el premio CaMINA.
- 2. Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Creado en 2005, agrupa a más de 200 organizaciones que exigen verdad, justicia y garantías de no repetición para víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento. Ha impulsado la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, visibilizado casos a través de campañas como ¿Dónde están? y denunciado el paramilitarismo como política de Estado. También ha promovido reformas institucionales, memoriales y acciones judiciales como el mural ¿Quién dio la orden? Su labor ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y censura.
- 3. Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ). Desde 1993 articula esfuerzos entre comunidades, organizaciones y entidades para construir paz desde los territorios. Ha impulsado procesos de diálogo con grupos armados, acompañado a víctimas del conflicto y promovido normativas como la Ley de Víctimas y el Mandato de los Niños por la Paz. Su programa Memoria Transformadora fortalece liderazgos y exige verdad, justicia y reparación. Ha sido blanco de amenazas y seguimientos. Su labor ha sido reconocida por el Congreso, concejos municipales y la Unidad de Víctimas por su aporte a la defensa de los derechos humanos.
Categoría: Reconocimiento “A Toda una vida”. Es otorgado al defensor o defensora por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia.
Mildrey Corrales Charry Defensora de derechos humanos que cuenta con más de 40 años de trayectoria. Desde 2006 es Secretaria Técnica de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), donde lidera la articulación de 285 organizaciones. Su trabajo se centra en la incidencia nacional e internacional, la protección colectiva, la construcción de paz y la denuncia de violencias contra líderes sociales. Ha promovido alianzas con plataformas de derechos humanos y redes internacionales. Su labor comenzó en 1982 con ATI y ha incluido cargos en el Foro Nacional por Colombia y organizaciones internacionales.
Luis Emil Sanabria Durán. Defensor de derechos humanos y cofundador de REDEPAZ, organización con presencia en más de 20 departamentos. Fue uno de los impulsores del Mandato Ciudadano por la Paz, que en 1997 recogió más de 10 millones de firmas por una salida negociada al conflicto armado. Ha liderado procesos de participación ciudadana, pedagogía para la paz, diálogo social y protección de comunidades en riesgo. Su trabajo ha incluido acompañamiento a víctimas, denuncia de violaciones de derechos y acciones de resistencia civil. Ha sido objeto de amenazas y hostigamientos por su defensa del diálogo, la desmilitarización y la reintegración de excombatientes.
Hermana Cecilia Naranjo Botero. Ella es una religiosa de la congregación Sagrado Corazón de Jesús, y ha acompañado por décadas a comunidades víctimas del conflicto armado. Promovió la educación inclusiva en Manizales y participó en movimientos campesinos en Santander durante el gobierno de Turbay Ayala. Fue señalada y expulsada de la diócesis, lo que la obligó a exiliarse en 1980. A su regreso, se integró a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), donde apoyó procesos de retorno y Zonas Humanitarias en el Bajo Atrato y el Pacífico. En 2022 publicó el libro Caminantes del amor eficaz para sembrar vida, que recoge sus memorias.
Jesús Javier Dorado Rocero. Es defensor de derechos humanos en Nariño. Inició en los años 90 en procesos organizativos sociales del Pacífico nariñense. Fue directivo del Sindicato del Magisterio (SIMANA) y ha liderado el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Nariño desde 2006, promoviendo la defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la documentación de violaciones. Ha ocupado cargos en comités de derechos humanos y paz y acompañó activamente el estallido social de 2021. En 2023, el Estado fue condenado por violaciones en su contra y actualmente es beneficiario de medidas de protección ordenadas por la CIDH.
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Fuente oficina de prensa
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